–POLICÍAS PRESENTAN QUEJA ANTE DERECHOS HUMANOS

MEXICALI.- Durante el proceso de evaluación de Control y Confianza a los agentes de la Policía de Mexicali destacados en la zona sur del Valle y, que fue acordado por autoridades de los tres niveles de gobierno presentes en la mesa de seguridad del Estado de Baja California;no hubo violación a los derechos humanos, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Leopoldo Tizoc Aguilar.

Aseguró que los agentes tuvieron la libertad de ir y venir, de entrar y salir, por lo que en ningún momento hubo violación a sus  derechos humanos como en su momento reclamaron liderazgos de la Fraternidad Policiaca y la Confederación Policial, Antonio Navarrete y Alejandro Monreal respectivamente.

INTERPONEN MUNICIPALES QUEJA EN DERECHOS HUMANOS

Más de una treintena de agentes de la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali, destacados en la zona sur del Valle, presentaron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos contra el Secretario de Seguridad Ciudadana, la Fiscal General del Estado, el Director y los Evaluadores del C3 ya que se violentaron sus derechos durante la recién realizada evaluación de Control y Confianza a la que fueron obligados los policías.

Algunos de los puntos que destacan los quejosos es que la evaluación fue ordenada por el Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California y por la Fiscal General del Estado de Baja California, quienes carecen de facultades,  se les practicó una evaluación fuera de procedimiento legal amen de que muchos cuentan con resultados de control y confianza vigentes.

Afirman que permanecieron más de veinticuatro horas continuas en la evaluación, lo que los colocó en una situación extrema de estrés, agotamiento y vulnerabilidad, seguramente con el propósito de manipular o distorsionar los resultados obtenidos, tampoco se les trató con dignidad ni respeto a sus derechos fundamentales,  no se les proporcionó alimento, medicamento alguno durante todo este proceso, sin dormir, y el área de descanso era tendidos en el suelo, negándoles la posibilidad de abandonar temporalmente las evaluaciones para adquirir comida o medicamentos.

Alegan que se les coaccionó para que firmaran documentación falsa en la que accedían a la evaluación, bajo amenaza de no aprobar los exámenes si no lo hacían entre otras cosas.

En el documento entregado a Derechos Humanos se quejan de que fueron interrogados de forma incriminatoria, inclusive considerándolo tortura psicológica, ya que aseguran que los evaluadores sostenían que tenían investigaciones en su contra, videos y fotografías que los ligaban a la delincuencia organizada.